"Si voy preso por defender la democracia, pues bienvenido sea"

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Después del las elecciones presidenciales Enzo Scarano, alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, recibió una "avalancha" de denuncias y acusaciones en su contra las cuales se extendieron hasta la empresa propiedad de su familia. El Ministerio Público lo citó en varias oportunidades y de casi todas salió bien librado, salvo la que correspondió al 11 de junio cuando fue imputado por presuntos actos de violencia de género (física y psicológica) ocurridos en un centro electoral de Naguanagua el 14 de abril.

El burgomaestre, coordinador de la MUD en esta entidad, considera que la finalidad de este nuevo procedimiento es inhabilitarlo políticamente y asegura que el Gobierno y el Psuv son los autores del forjamiento de expedientes en su contra.

A Scarano se le imputan delitos contemplados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tras las denuncias presentadas ante la Fiscalía 31 con competencia en materia de defensa de la mujer a cargo de Magalys García por las ciudadanas Bertha C. Sifontes Biody, Raymar Astrid Cusati Biceño y Ediluz Molina de Rufus.

-¿Qué ocurrió el 14A en el centro electoral de la Escuela Lisandro Lecuna?

-Fue una visita que yo hice a las 9 am a uno de los centros electorales del municipio Naguanagua, y ha quedado evidenciado con las pruebas que hemos presentado y el testimonio de 20 testigos que son electores de ese centro, quienes han manifestado que en ese lugar no ocurrió nada. Todo se encuentra en un video entregado por las televisoras del estado que grabaron desde el momento de mi ingreso al centro electoral y no hubo ningún altercado ni violencia de ningún tipo, fui recibido y acompañado por representantes del Plan República en todo el recorrido.

Si hubiese habido algún acto de violencia, maltrato o insulto, inmediatamente el Plan República hubiera actuado, lo que queda claro es que el Gobierno a través de estos entes (como el MP), lo que hace es perseguir a quienes no somos sus aliados. Yo le hago un llamado a la Fiscal para que cite a todos que votan en ese centro y a todos los miembros de mesas acreditados por el CNE, que los entreviste para que vean que a estas tres personas que manifiestan haber sido agredidas por mi se les va a caer el montaje.

-¿Qué dicen las personas que lo acusan?

-Las tres versiones que dan son diferentes. Una dice que empujé la puerta (para entrar al lugar donde estaban las mesas de votación); otra dice que me abrieron la puerta, la otra dice que las agresiones las recibieron adentro (del centro) y otra argumenta que le di con la puerta en la cabeza. Todas se contradicen.

Yo lo que creo es que se trata de una maniobra, una mentira montada el 15 de abril. Sin embargo, confío en que la fiscal va asumir el papel que le corresponde en el marco del derecho y debe desestimar este tipo de acusaciones en mi contra, que es una en más en una lista de 17 que me han formulado tanto en materia política como en materia ambiental.

-¿Quién cree que es el artífice de estas acusaciones?

-Esto fue orquestado desde la alcaldía de Valencia. Sabemos que fueron utilizados salones de la sede de esa alcaldía para recoger unas supuestas firmas en mi contra que fueron llevadas a Fiscalía, así que todo esto ha sido orquestado por el partido de gobierno. Casualidad, que todos los denunciantes son militantes activos del Psuv.

Primero fue un ataque contra la familia. Citaron a mis hermanas por hechos imputados en otras materias. Han cerrado las empresas de la familia, de las cuales ya yo no soy socio. Sin embargo, han atacado a cada una de mis hermanas y las empresas permanecen cerradas. Después empezaron a abrir expedientes ambientales dentro del municipio San Diego y ordenaron la paralización de varias obras en ejecución como, la construcción del terminal de pasajeros, la obra de ampliación de más de 380 mil metros cuadrados de la empresa Colgate-Palmolive; la construcción de la colectora (vialidad) que pasa por detrás del Centro Comercial Metrópolis; la construcción del parque botánico; la construcción de una atería vial que conectaría la variante Bárbula con el municipio San Diego, el puente sobre la colectora 13; la arteria vial 2 y la planta de transferencia de basura del municipio. Recogíamos la basura y no hallábamos cómo transferirla a los camiones para llevar la vertedero de La Guásima.

-¿En qué lapso se ejecutaron todas estas medidas?

-Todo esto ocurrió entre el 15 y 16 de abril de este año. Fue una arremetida por parte de la Guardia Nacional comandada por el jefe del Comando Regional Dos y el secretario de seguridad ciudadana de la gobernación de Carabobo (general Arquímedes Herrera Ruso). Él comando todas estas acciones, paralizó todas estas obras junto con las empresas de mi familia al mismo tiempo.

Pero como no pudieron hacer nada más por ese vía empezaron a forjar expedientes y comenzaron las citaciones del Ministerio Público por problemas ambientales, por guarimbas y lo último por unos supuestos hechos de violencia ocurridos en 14 de abril. La arremetida creo que se debe a avalancha de votos (el 14A) en contra del Gobierno y a favor de Capriles. Eso no le gustó al Gobierno que en poco tiempo, de diciembre a abril, la MUD en Carabobo logró un incremento de más de 180 mil votos.

En vista que se han ido develando las mentiras y las obras (que fueron paralizadas) se han venido ejecutando, entonces tratan nuevamente, dada la cercanía de las postulaciones a concejales, de embochinchar y ocuparme ahora imputándome con una nueva acción sobre violencia el 14 de abril.

-¿Cree que puedan inhabilitarlo políticamente?

-Si en 30 días no se desestima (la denuncia) el juicio continúa, y sabemos que un juicio lleva tiempo. Estoy claro que no están buscando la inhabilitación en estos momentos para la candidatura a alcalde de San Diego, pero si creo que están preparando el terreno para una futura inhabilitación a una candidatura mía a la gobernación del estado, porque saben que todos los número me favorecen para ser el gobernador de Carabobo y lógicamente están tratando de preparar el terreno para una inhabilitación. Dentro de estas causales que me están imputando, en la ley especial, una de las que aplica es la inhabilitación política y ellos se fueron justamente por esa parte.

Podría tener de ocho a doce meses de prisión, pero la sanción también implica la inhabilitación política. Es una Ley especial que hay justamente en esa imputación que me acaban de hacer. Sin embargo, yo creo que va a prevalecer la parte judicial y creo todavía en el Ministerio Público. Ellos deben entender que el país y los tiempos han cambiado y que los fiscales no pueden seguir recibiendo órdenes políticas sino órdenes judiciales y actuar en el marco de la ley. Yo espero que sea de esa forma.

-¿Y la MUD que le ha dicho?

-La Mesa de la Unidad está pendiente de la situación. Henrique Capriles me llamó y me dijo que con fe saldremos adelante, porque sabemos contra quién estamos luchando, pero no hay que desmayar y vamos a seguir dando la cara. Yo del país no me voy a ir, si me van a meter preso por defender los derechos democráticos, pues bienvenido sea, estaré preso. Lo que si te aseguro es que si voy preso le voy a resolver un problema a la ministra Varela porque voy a hacer que la cárcel sea productiva y humanitaria, porque en lo que esté allí adentro van a haber cambios. Por allí debe venir la cosa, en vista que no tienen gente capacitada para recuperar eso (las cárceles), entonces buscan a los más capacitados que estamos de este lado a ver si le podemos resolver el problema carcelario.

El Universal