Activistas Marino Alvarado y Alfredo Infante se retractaron de acusaciones contra Lacava
Los activistas Marino Alvarado y el padre Alfredo Infante, de Provea y Centro Gumilla, llegaron a un "acuerdo conciliatorio" con el gobernardor del Estado Carabobo, Rafael Lacava, quien los había demandado por difamación tras la publicación de una solicitud de investigación contra la autoridad regional en el informe Lupa por la Vida de 2021.
Alvarado e Infante se retractaron de los acusaciones contra el mandatario, y manifestaron que no era parte de sus intenciones "señalar al gobernador Rafael Lacava como responsable, ni directo ni indirecto, de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudiesen haber ocurrido en el estado Carabobo".
Reiteraron, luego de establecer el acuerdo ante un tribunal del Estado Carabobo, "que responsabilizar personalmente a cualquier individuo de situaciones tan delicadas correspondería a las instancias competentes".
"No ha sido nuestra intención señalar al gobernador Rafael Lacava como responsable, ni directo ni indirecto, de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudiesen haber ocurrido en el estado Carabobo", dijeron.
"Si en un contexto relacionado a informaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales, mencionamos al gobernador Rafael Lacava en ruedas de prensa, entrevistas y publicaciones digitales, aclaramos que no fue ni es nuestro propósito ponerle personalmente en tela de juicio, ni señalarle de forma específica, ni sentenciarle en lo particular. Si por nuestros pronunciamientos pasados ha sido interpretado que pretendimos ponerle en tela de juicio, señalarle o sentenciarle, nos retractamos hoy de tales señalamientos. Reiteramos que responsabilizar personalmente a cualquier individuo de situaciones tan delicadas correspondería a las instancias competentes, garantizando el debido proceso. Nuestra motivación es visibilizar el clamor de justicia de numerosas familias, y que toda muerte violenta sea revisada con profundidad", señalaron Alvarado e Infante.
No obstante, expresaron que exigen aún, "en términos generales, (...) que se investigue toda muerte violenta con rigor, para que los familiares de las víctimas de funcionarios policiales en todo el país tengan acceso a la verdad, a la justicia y a la protección efectiva".