CIDH de la OEA violenta el estado de derecho de Venezuela al pronunciarse a favor de RCTV (Opinión)
Notiyaradigital
www.facebook.com/Notiyaradigital/Cuenta Oficial
Siguenos por :twitter.com: @Notiyaradigital
Siguenos:instagram.com/notiyaradigital
"Por todo el Cañón"
Por Italo Urdaneta
Es insólito y carente de toda base jurídica la decisión que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para favorecer a los propietarios de la estación televisiva RCTV, una vez que el gobierno nacional, apegado a la ley, no le renovó a esa estación de TV -en el año 2007- la concepción del uso del espacio radioeléctrico.
Lo asombroso de todo esto es que se pretenda hacer creer que el cierre de RCTV lo ejecutó de manera arbitraria y sin argumentos válidos el gobierno en representación del Estado Venezolano, sin embargo los hechos claramente expuestos y definidos clarifican el por qué se tomó la medida.
Para ahondar mayores detalles sobre el tema cualquier persona puede consultar el “Reglamento de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones sobre Habilitaciones Administrativas y Concesiones de Uso y Explotación del Espectro Radioeléctrico”, mediante el cual se rigen las televisoras.
Después de cumplida esta introducción, lo primero que debemos refutar es la intromisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en los asuntos exclusivamente internos de Venezuela, pues es el gobierno, legítimamente constituido, quien representa al Estado venezolano y como tal debe procurar por la aplicación de sus leyes, sin que ello conlleve a la intromisión de terceros.
Es evidente que si el gobierno, en representación del Estado venezolano, tiene la facultad para otorgar una concesión a una televisora, de lógica que igualmente tiene toda la facultad para no extenderla o suprimirla.
Es potestad, entonces del Estado venezolano, calificar, aprobar o desechar su salida al aire de aquellas plantas televisivas que por una u otra razón no califican para gozar del espectro radioeléctrico.
Si bien a RCTV se le otorgó esa concesión hace 25 años atrás, el Estado venezolano tenía todo el pleno derecho de calificar su actuación a lo largo de todo ese tiempo que gozó de este privilegio..
Es indiscutible entonces, además, que RCTV perdió su norte como planta televisiva cuando incursionaba diariamente por órdenes de su presidente, Marcel Granier, en los asuntos políticos del país, e ir en contra del gobierno legítimamente constituido y favorecer así a la parte contraria.
Creemos que RCTV se hizo eco de manera continua y apartándose de su verdadera direccionalidad y objetividad de una campaña de desprestigio hacia quien precisamente administra la concepción radioeléctrica.
Nadie puede pretender –por ejemplo- que un comerciante o un vendedor le venda un producto a quien precisamente lo hostiga, lo pone al escarnio público y lo ofende con fines políticos o personales.
Estimamos que el Estado venezolano actúo apegado a la Ley. Simplemente no renovó la concesión de RCTV porque había expirado, después de 25 años de ser otorgada. Pero además las razones sobraban para que no se diera el visto bueno.
¿QUE SE PRETENDE DESDE LA OEA?
Es evidente que desprestigiar a Venezuela ante la comunidad internacional. La acción írrita de la CIDH solo busca cerrarle el paso y descalificar al gobierno venezolano, el cual es calificado de régimen, que impide incluso la libertad de expresión.
Incongruente todo esto, cuando vemos precisamente a Marcel Granier y sus lacayos, como es el caso del reconocido escritor peruano, Mario Vargas Llosa, decir sapos y culebras en contra del gobierno.
Desde luego esta patraña busca animar los intereses del imperio para que arrecie su accionar en contra del país, todo por el solo hecho de contar con un gobierno que se aproxima al socialismo y ha servido de base y ejemplo para que otras naciones copien el modelo de la revolución bolivariana.
No hay duda que detrás de todo esto se mueven también de manera soterrada los intereses económico. El cinismo llega a tal extremo que la susodicha CIDH ha establecido, como un mandato supremo, que a Marcel Granier, junto a sus secuaces, hay que entregarle a cada uno 10 mil dólares y a otros empleados 50 mil.
Habría que preguntarse ¿ cuánto se ofreció en el seno de la OEA para que ese organismo se pronunciara en la dirección que lo ha hecho?. Vaya a usted saber.
Para el diputado Roy Daza, vicepresidente del Parlatino-Venezuela, el dictamen de la CIDH carece de validez, “es nula de toda nulidad desde el punto de vista jurídico, pues no tiene jurisprudencia para tratar casos que sólo le competen a la República Bolivariana de Venezuela”.
El parlamentario aseguró también que “la Constitución y las leyes expresan que el espectro radiofónico es propiedad de la nación, lo administra el Estado venezolano y es el Estado quien decide si otorga o no una concesión o si la rescinde”.
Daza precisó igualmente que “el Estado por ser propietario del espectro radioeléctrico le da el derecho de establecer la metodología y tiempos para que las concesiones se den”.
Recordó finalmente que “Venezuela además no está obligada a acatar el dictamen por cuanto renuncio al tratado de afiliación de la CIDH durante el gobierno del ex presidente Hugo Chávez, precisamente por no estar apegada a la objetividad, a la razón y a las leyes.
*Periodista
Notiyaradigital.com/Italo Urdaneta/Opinión