El talante democrático de los venezolanos se puso a prueba La desaparición física del comandante Chávez marcó la agenda política nacional en 2013
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Las elecciones municipales del 8 de diciembre, que habían sido presentadas por la oposición como un plebiscito, culminaron con la victoria bolivariana y dieron paso a una Navidad en paz
Una serie de acontecimientos políticos conmocionaron a nuestro país en este año 2013, los que pusieron a prueba el talante democrático de las venezolanas y los venezolanos.
Factores de un cierto sector de la oposición jugaron la carta de la desestabilización, ante la ausencia del comandante Hugo Chávez, mientras los dirigentes del proceso bolivariano junto al poder popular se mantuvieron firmes en la defensa de la democracia y de la paz.
Luego de que el 8 de diciembre de 2012 el presidente Hugo Chávez anunciara al país su recaída y lanzara su proclama en la que llamaba a la unidad de las fuerzas revolucionarias, comenzó un periodo de incertidumbre en la población.
El 9 de enero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ante la ausencia del presidente electo para juramentarse, decretó la continuidad administrativa del tren ejecutivo. Con respecto al mandatario, decidió que el Presidente de la República sería juramentado cuando cesara la causa sobrevenida.
El líder de la Revolución regresó a Venezuela el 18 de febrero para internarse en el Hospital Militar de Caracas, donde estuvo hospitalizado hasta su muerte el 5 de marzo.
Tres días más tarde Maduro juramentó a Jorge Arreaza como Vicepresidente de la República. Ese mismo día, el TSJ decretó que Maduro sería el presidente interino de Venezuela.
Al día siguiente de su fallecimiento, los restos mortales de Chávez fueron trasladados a la sede de la Academia Militar. En el país se declararon siete días de duelo.
Se realizó una marcha fúnebre que fue acompañada por millones de venezolanas y venezolanos durante siete horas, que recorrió 13 kilómetros desde las instalaciones del Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo, en la avenida San Martín, hacia la Academia Militar, en Los Próceres. Se instaló la capilla ardiente y el funeral de Estado se realizó el 8 de marzo. Los restos del comandante fueron llevados, el 15 de marzo, al Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia 23 de Enero.
LA OPOSICIÓN SE PREPARA
Al comenzar el año la oposición promovió un debate en torno al candidato presidencial, en caso de convocarse unas nuevas elecciones. En ocasión de celebrarse el 55 aniversario de la insurrección del 23 de Enero, la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) juró ante sus seguidores que, por la vía del consenso, presentaría un candidato unitario para encabezar un gobierno de unidad nacional.
El secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, leyó un documento que contenía 12 objetivos que impulsaría la alianza de la derecha para luchar “por una Venezuela verdaderamente democrática y libre”.
Uno de sus objetivos sería la defensa de los derechos a la vida, al trabajo, salud, educación y a la libertad de expresión, así como la necesidad de defender el derecho a la libertad “y a vivir en la patria”, por lo cual, la oposición pidió resolver la situación de los políticos presos y de los dirigentes que residen en otros países.
Asimismo, se apuntó el propósito de restablecer el respeto y la confianza entre civiles y militares, y se insistió en el diálogo nacional.
Un mes más tarde, el 23 de Febrero, la denominada Junta Patriótica -el sector más radical de la oposición- organizó un evento para analizar la salud del Mandatario Nacional.
Leocenis García, quien para ese momento era el director del diario 6to Poder, propuso que se designara una junta médica para que se verificase el estado de salud de Chávez y se declarara la falta absoluta del Presidente.
NUEVAS ELECCIONES Y HECHOS VIOLENTOS
Luego de una corta campaña electoral que duró nueve días, el 14 de abril Nicolás Maduro ganó la elección presidencial.
Debido al estrecho margen de votos (poco más de 200 mil), el candidato opositor, Henrique Carriles Radonski, pidió un reconteo. Al ser rechazada la propuesta por el presidente Maduro, convocó a la población a un cacerolazo.
A partir del 15 de abril ocurrieron varios hechos violentos promovidos por la dirigencia del antichavismo con el saldo de 11 muertos.
Capriles Radonski pidió al CNE que se realizara una auditoría del proceso electoral, porque supuestamente ocurrieron irregularidades durante la votación.
El ente comicial aceptó la verificación del 46% del proceso, con lo cual se cumpliría con el 100% de la inspección, puesto que con las auditorías tradicionalmente efectuadas por el CNE se evalúa 54%.
Sin embargo, este procedimiento no fue aceptado por el excandidato de la oposición y procedió a su impugnación ante el TSJ.
El 11 de junio el CNE anunció la finalización de la auditoría de 100% de los votos emitidos, con la cual se confirmó la victoria de Maduro.
Mientras que el TSJ, en sentencia anunciada el 7 de agosto por la presidenta del Poder Judicial, Gladys Gutiérrez, anunció que por unanimidad se declararon inadmisibles todas las impugnaciones de los resultados del 14 de abril.
La oposición no aceptó la decisión y acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 9 de septiembre.
COMICIOS MUNICIPALES Y LLAMADO A PLEBISCITO
A pesar de las objeciones que hizo de los resultados de las elecciones del 14 de abril, la oposición venezolana aceptó participar en los comicios municipales del 8 de diciembre.
El 31 de octubre, Capriles llamó a sus partidarias y sus partidarios a votar masivamente en las elecciones municipales para evitar las “trampas” que supuestamente se habrían cometido el 14 de abril.
No obstante, el 10 de agosto el dirigente opositor catalogó los comicios del 8 de diciembre como un plebiscito, calificativo que fue rechazado por varios partidos que componen la MUD, como Copei y Acción Democrática.
Según Capriles, el 8 de diciembre sería definitivo “para lo que venga en Venezuela; esos que están allí no van a estar seis años en el poder, tengan la plena seguridad”.
Manifestaba que si la oposición ganaba la mayor cantidad de votos, de inmediato activaría “todos los mecanismos democráticos, todas las vías que tiene nuestra Constitución para que en Venezuela exista un cambio”.
Ese 10 de agosto, Ismael García, nombrado candidato a la Alcaldía de Libertador por la MUD, planteaba una reforma de la Constitución que incluyera una disposición transitoria, con el propósito de convocar en el mediano plazo unas elecciones para escoger un nuevo Presidente de la República, así como gobernadores y alcaldes: “Si esas elecciones efectivamente se convierten en un plebiscito nacional, sus días que le quedan en el poder serán mucho más cortos”, manifestó, en referencia al Jefe del Estado. García aclaró que a la derecha no le interesaba propiciar un golpe de Estado: “Queremos una salida pacífica y constitucional. La Constitución nos permite salidas a las crisis”.
Finalmente, el 8 de diciembre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las fuerzas revolucionarias obtuvieron 242 alcaldías, que representan 72,24 %, con 5.277.491 votos; la MUD obtuvo 75 alcaldías (22,39%) con 4.423.897 votos, y las 18 alcaldías restantes fueron ganadas por otras organizaciones políticas.
ACERCAMIENTOS
En el transcurso de este año el Gobierno Nacional ha propiciado el encuentro con diversos sectores del país que han manifestado su interés en mantener un diálogo sincero y franco.
El 11 de julio la Conferencia Episcopal se comprometió a propiciar el diálogo nacional. Al culminar la Asamblea Ordinaria número 100, monseñor Oswaldo Azuaje leyó un escrito en el que los sacerdotes señalaron que existe una profunda división en el pueblo venezolano: “El bien del país exige un entendimiento entre las partes, la búsqueda de una plataforma común que permita avanzar”.
En esa oportunidad se refirió al encuentro que sostuvo la iglesia con el presidente Nicolás Maduro, el cual calificó de positivo y sincero: “Para que pueda darse un diálogo es necesario que ambas partes se sinceren”.
En el comunicado expresaron que la solución a esta división social no puede significar “la destrucción de los que no piensan igual”.
Los máximos representantes de la Iglesia católica también respaldaron las acciones del Gobierno para enfrentar la inseguridad, como la creación del Plan Patria Segura.
Durante el desarrollo del evento, los gobernadores opositores Henrique Capriles (Miranda), Henri Falcón (Lara) y Liborio Guarulla (Amazonas) solicitaron a la Iglesia católica venezolana que promoviera el diálogo en el país.
PUERTAS ABIERTAS
Luego de los comicios municipales, el Mandatario Nacional se reunió en el Campo de Carabobo con las alcaldesas, los alcaldes, las gobernadoras y los gobernadores chavistas. Durante el evento aseguró que a partir de ese momento se abría una nueva etapa para impulsar el desarrollo de una economía productiva y la apertura del diálogo nacional.
El 18 de diciembre convocó a las alcaldesas, los alcaldes y los gobernadores de la oposición al Palacio de Miraflores para escuchar sus planteamientos.
El Jefe del Estado hizo un llamado para iniciar el trabajo conjunto, con el propósito de emprender proyectos de desarrollo. Le ratificó a los mandatarios regionales y municipales que tendrían todas las garantías para llevar adelante sus gestiones, aunque pidió que no tomaran atajos.
En la reunión designó una comisión de enlace, conformada por el vicepresidente Jorge Arreaza y el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
“Seguiremos teniendo diferencias, pero yo los llamo al trabajo”, declaró Maduro.
HABILITANTE POR UN AÑO
A partir del 7 de noviembre el Gobierno Nacional inició la inspección y ocupación provisional de los comercios, con el propósito de combatir la especulación, el acaparamiento y la usura.
Semanas antes, específicamente el 8 de octubre, el presidente Maduro había entregado el proyecto de ley habilitante a la Asamblea Nacional para obtener poderes especiales que le permitieran enfrentar la guerra económica y combatir la corrupción: “Voy a pedir la habilitante para luchar contra la corrupción. Le voy a ver el hueso a quienes sabotean, porque nuestra patria no se merece esto”.
Comentó que este instrumento legal establecerá normativas y sanciones estrictas para quienes estén involucrados en actos de corrupción. Las sanciones “serán de las más duras y estrictas”, y además se fijará “la pena máxima para todos los delitos ligados a la corrupción en todas sus formas”.
Señalaba que la habilitante le permitiría hacerle frente a la guerra económica que se desarrolla en contra del pueblo venezolano, con el objetivo de desestabilizar la economía del país.
Finalmente, el 19 de noviembre el Parlamento aprobó la habilitante con los votos de los diputados bolivarianos.