Revisión de huellas del 14A entra en última fase
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La auditoría sobre las huellas en las máquinas de votación utilizadas en las elecciones presidenciales del 14 de abril en Venezuela entró en su última fase con la presencia hoy de representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y de organizaciones electorales.
Una fuente del Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó a Efe que la auditoría, que apunta a determinar si hubo intentos de usurpación de identidad de ciudadanos durante el pasado comicio presidencial, concluirá el viernes, para cuando se espera que se den a conocer los resultados.
"La auditoría viene haciéndose desde hace un mes y ya está en su última fase. Hoy se sumaron los representantes de la Unasur y de otras organizaciones. Su presencia refleja una invitación extendida por el propio CNE", explicó la fuente.
Esta comprobación es distinta de la auditoría de verificación ciudadana concluida en junio y en el que el CNE observó errores en tan solo el 0,02 % de los votos.
La oposición rechazó ese proceso porque no incluía los cuadernos de votación para comprobar que efectivamente las personas que habían votado se correspondían con las que firmaron en los registros, algo que fue rechazado por el CNE.
El nuevo proceso de verificación de las huellas consiste en la comprobación de la información registrada en las máquinas de votación con relación a las bases de datos.
La fuente del CNE explicó que además de expertos electorales de la Unasur, en el proceso también participan representantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y del Gremio Nacional de Abogados de los Estados Unidos de América.
Las elecciones de abril fueron ganadas por un margen de poco más de 200.000 votos por Nicolás Maduro, pero la oposición no reconoce la derrota e impugnó el proceso ante la Justicia.
El Tribunal Supremo de Justicia venezolano rechazó el pasado 7 de agosto diez peticiones de impugnación de las elecciones, incluida la del líder opositor Henrique Capriles, cuyo partido político optó el lunes por presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La oposición reclama además que la auditoría realizada no sigue las exigencias establecidas por los presidentes de la Unasur en Lima poco después de las elecciones.
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