Asamblea Nacional aprobó 20 leyes este año para ampliar protección al pueblo
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El Parlamento aprobó la Ley para el Desarrollo y la Creación Artesanal para impulsar la artesanía nacional y proteger los derechos de los artesanos del país
Un total de 20 leyes aprobó este año la Asamblea Nacional (AN) para la protección, dignificación y beneficio del pueblo venezolano.
La tarea del Parlamento Nacional fue continuar la tarea de legislar con y para el pueblo en función de una meta común: profundizar la Revolución Bolivariana.
El pasado 3 de diciembre fue aprobado el Plan de la Patria 2013-2019 como Ley de la República para garantizar la preservación de la independencia nacional, la construcción del modelo socialista del siglo XXI, la transformación de Venezuela en un país potencia, la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar, y la conservación de la vida en el planeta y la supervivencia de la humanidad.
“Este plan que que hoy se convirtió en ley es el encuentro de todos los caminos, de todas las luchas, de todas las ideas, de todas las aspiraciones de nuestro pueblo. Yo llamo a que trabajemos unidos, a que trabajemos por la paz y convirtamos este Plan de la Patria en la carta de navegación hacia el futuro, la paz y la prosperidad de todos”, expresó el presidente de la República, Nicolás Maduro, al promulgar la herramienta legal.
Por su parte, el presidente de la AN, Diosdado Cabello, señaló que el referido documento es fundamental para la gestión gubernamental en los próximos seis años.
“Después de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada por la fuerza revolucionaria (…) el Plan de la Patria es el documento más importante que rige el destino del país por seis años. No es cualquier documento”, afirmó.
El Plan de la Patria fue ideado por el comandante Hugo Chávez y para su elaboración contó con la participación de diferentes movimientos sociales y el Poder Popular tras una serie de debates públicos en todo el territorio nacional.
LEY HABILITANTE: GOLPE A LA CORRUPCIÓN
Tras cuatro horas de sesión y con 99 votos a favor fue aprobada, el pasado 19 de noviembre, la Ley Habilitante con la que se le confirieron poderes especiales al jefe de Estado para luchar contra la corrupción, la especulación y el acaparamiento.
El instrumento legal compuesto por cuatro artículos nació para combatir la guerra económica desatada por la derecha venezolana, como otra vía para desestabilizar al país y al gobierno del presidente Maduro.
“Voy a la Asamblea Nacional a pedir poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción y contra la guerra económica. (…) Nuestra patria no se merece que le estén haciendo ataques tan viles”, dijo el Mandatario Nacional días antes de formalizar su solicitud ante la AN.
De acuerdo con el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), “son leyes las sancionadas por la Asamblea Nacional, por las tres quintas partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar plazo para su ejercicio”.
Al recibir la ley en el Palacio de Miraflores, Maduro expresó: “Tengan la seguridad de que hagan lo que hagan los enemigos de la patria aquí habrá paz, paz y más paz para la familia de Venezuela. Tranquilidad, trabajo, vida y prosperidad. No podrán perturbar más nunca la paz y la vida de este país”.
Agregó que con la aprobación de la referida herramienta legal “arranca una nueva ofensiva de construcción de la patria independencia, patria para nuestros hijos, patria para el futuro”.
Ésta es la quinta Ley Habilitante aprobada en el país. Durante el gobierno del líder de la Revolución Bolivariana se aprobaron cuatro.
En el año 1999 fue aprobada la primera, que tuvo un lapso de seis meses y permitió la aprobación de 53 decretos de ley enfocados a mejorar la economía del país, entre las que resalta la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario y la Ley de Crédito para el sector Agrícola.
Un año después, el Parlamento aprobó el segundo instrumento legal, a través del cual fue posible la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Pesca, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, Ley General de Puertos y la Ley de Tierras y Desarrolla Agrario, de un total de 49 textos legales.
La tercera Ley Habilitante fue solicitada en el 2007 y fue concedida por un periodo de 18 meses. En esa oportunidad, se crearon 59 normativas, entre las cuales están: la Ley de Reconversión Monetaria, Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la Ley Especial de Amnistía, entre otros.
En 2010 fueron otorgados poderes especiales al presidente Chávez por 18 meses, período en el que se aprobaron 54 decretos de ley, a través de los cuales se solventaron necesidades de alimentación, salud y vivienda de las personas que quedaron damnificadas tras las fuertes lluvias registradas a finales del mismo año.
A poco más de un mes de haber sido aprobada la quinta Ley Habilitante, se han promulgado dos nuevas normativas: la Ley para el Control de los Costos, Precios y Ganancias, y la Ley para la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior y la Corporación de Comercio Exterior.
LEYES PARA LA SEGUIDAD
Durante este año, la Asamblea Nacional aprobó dos leyes orientadas a reforzar la seguridad en el país, como parte del Plan Patria Segura.
La primera fue la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, compuesta por 126 artículos, que restringe la venta de armas de fuego y municiones. Además, establece las sanciones para quienes incumplan la norma, entre las que resalta privativa de libertad de siete a 20 años de prisión.
La norma también contempla la creación de un Fondo Nacional para la Atención a la víctimas por arma de fuego y establece un importe del 5% sobre las ganancias netas de las empresas que comercializan, importan y producen armamentos para ser destinados al referido fondo.
Del mismo modo, fue aprobada la Ley Especial sobre Hurto y Robo de Vehículos y Delitos Conexos cuyo objeto es “tipificar y penalizar el hurto y robo de vehículos y demás hechos punibles conexos, así como establecer los procedimientos para la devolución de los vehículos recuperados a sus propietarios y la destrucción de los vehículos no identificados”.
Con esta herramienta legal de 173 artículos se disminuyeron los tiempos de entrega de los vehículos recuperados.
PARA LA PROTECCIÓN DE LA ECONOMÍA NACIONAL
La Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Automotores Terrestres, Nuevos y Usados Nacionales o Importados, sancionada en junio de este año, tiene por objeto “la prevención, control, fiscalización, investigación y sanción por la comisión de los delitos de hurto, robo y delitos conexos”.
Contiene 38 artículos, entre los cuales se norma la publicación de listas de precios de vehículos en los sitios de venta, la regulación del cumplimiento del registro de venta de vehículos en las notarías del país, la prohibición de comercialización de carros mediante publicidades que presenten precios mayores a los establecidos por el ente rector y las sanciones para quienes alteren el kilometraje y para los funcionarios públicos que violen esta ley.
Asimismo, fue aprobada la Ley para la Regulación y Control de la Prestación del Servicio Funerario y Cementerios.
A través de 62 artículos, la norma busca “regular y controlar las actividades y condiciones de funcionamiento de funerarias y cementerios, además de la protección de los derechos de usuarios, así como la aplicación de las normas sanitarias, ambientales y civiles relacionadas con esos servicios”.
Tras la promulgación de esta norma, la prestación del servicio funerario debe incluir la orientación en los trámites respectivos como el acta de defunción y los permisos ante el registro civil. Además, están obligados a informar detalladamente los servicios que ofrecen y deben cumplir con la actualización académica exigida en la preparación, manipulación y conservación de cadáveres.
Leyes para la dignificación del pueblo
El Parlamento Nacional aprobó la Ley de Infogobierno para establecer principios, bases y lineamientos que rijan el uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular. Consta de 84 artículos.
Promueve también el desarrollo de las tecnologías de información libre en el Estado, la independencia tecnológica, la apropiación social del conocimiento, y la seguridad y defensa de la nación.
Además busca impulsar la migración definitiva la Software Libre como una medida de seguridad tras el sabotaje petrolero de 2002, en el que el sistema de información de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en manos de una transnacional, se prestó para generar desestabilización en la población venezolana.
La Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, también fue aprobada este año. Su objetivo es castigar y prevenir el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado contra cualquier venezolano.
La norma, de 32 artículos, constituye un mecanismo orientado a la prevención de prácticas que vayan en detrimento de los derechos humanos.
El Código Orgánico Penitenciario (COP) fue otras de las normativas sancionadas este año por la Asamblea Nacional con el fin de regular la organización y el funcionamiento del sistema penitenciario del país y reivindicar los derechos humanos de los privados de libertad.
Compuesto por 173 artículos, busca atender necesidades específicas como el retardo procesal, la reinserción social y el derecho a la educación, deporte, y cultura en los centros penitenciarios del país.
Con la aprobación del nuevo Código Penitenciario quedó derogada la ley del Régimen Penitenciario, creada en 1973.
Leyes para la cultura
Conformada por 33 artículos, la Ley Orgánica de Cultura, está orientada a promover la identidad nacional y “obvia las políticas sobre industrias culturales y la irrupción de las tendencias digitales en las prácticas creativas actuales”, explicó la diputada Gladys Requena, presidenta de la comisión permanente de Cultura y Recreación de la AN.
La Ley contempla la creación de un Fondo Nacional de Cultura cuyo ingresos provienen del 1% de los aportes de las empresas que alcancen una utilidad neta anual que supere las 20.000 Unidades Tributarias (UT), así como del aporte (del mismo porcentaje) que deben hacer quienes realicen actividades artísticas con fines de lucro.
Por otra parte, el Parlamento aprobó la Ley para el Desarrollo y la Creación Artesanal para impulsar la artesanía nacional y proteger los derechos de los artesanos del país.
La herramienta legal propone además la articulación entre los ministerios del Poder Popular para la Cultura, el Comercio, Turismo, y Ciencia y Tecnología para activar políticas públicas que permitan comercializar los bienes y servicios producidos por los artesanos, como parte del impulso a la economía nacional.
Está conformada por 33 artículos y con ella, quedó derogada la Ley de Fomento y Protección al Desarrollo Artesanal del año 1993.