Cley aprueba Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Regional
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Con el voto unánime de los parlamentarios que integran el Consejo Legislativo del estado Yaracuy fue aprobada, durante su segunda discusión, la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública con el fin de seguir impulsando y velando por una política de información que promueva el control ciudadano de la gestión pública estadal.
La sesión estuvo presidida por el legislador Ángel Gamarra, acompañado de sus homólogos Neydi Liscano, Henry Mogollón, Wendy Tellechea, Iván Aparicio, Shirley Romero y Carmen Teresa Hernández quienes dieron el visto bueno a esta normativa regional contentiva de 32 artículos donde se exponen los tipos de información, protección de la información, producción y difusión, así como las sanciones y disposiciones transitorias.
Durante el encuentro parlamentario fueron discutidos los 32 artículos, de los cuales 21 se reformaron.
Atienden derechos de palabra
Como parte del orden del día también fueron escuchadas las peticiones de los yaracuyanos, tal es el caso de Eduardo Sánchez, representante del Frente Socialista de Personas con Discapacidad, quien denuncio los constantes maltratos que reciben en las unidades de transporte público las cuales violan lo estipulado en la leyes regionales y nacionales en pro de la defensa de las personas con discapacidad funcional o adultos mayores.
Al respecto, señaló que actualmente no respetan la exoneración del costo del pasaje y en muchas oportunidades los conductores hasta se niegan a trasladarlos cuando estos reclaman sus derechos constitucionales.
“Ya los tiempos en que éramos ignorados pasaron, gracias al Comandante Hugo Chávez hemos sido incluidos en todos los estratos de la sociedad y se nos han brindado oportunidades laborales y sociales, es por ello que no podemos permitir que se pisoteen lo que está en la leyes”, afirmó Sánchez.
En este sentido, el legislador Ángel Gamarra, recalcó que la defensa de las personas con discapacidad y los adultos mayores son responsabilidad de toda la ciudadanía por lo que todos deben velar porque no ocurran este tipo de situaciones, al mismo tiempo que, recalcó que debe ser un trabajo conjunto entre las organizaciones sociales y las instituciones de gobierno para que se ejecuten normas que no afecten a las personas más desprotegidas.
En otro derecho de palabra, los beneficiarios de la OCV San José, del municipio Sucre, expusieron el retraso que existe en un proyecto habitacional que se está ejecutando desde hace 6 años y que no se ha concretado por supuestas irregularidades en los organizamos regionales correspondientes al sector vivienda.
Aseguraron que, con sacrificio de los integrantes de la organización comunitaria han logrado instalar los servicios públicos como las aguas blancas y negras, así como el servicio eléctrico para 98 parcelas que aún esperan por la respuesta del Ejecutivo regional.
En este caso la Comisión permanente de Mesa y Política se reunirá con las partes involucrada de manera que se exponga detalladamente la situación y se apliquen los correctivos correspondientes para solucionar esta problemática que queja a un número importante de sucrenses.
Prensa Cley