Por presuntos actos de corrupción Piden a Fiscal General que estudie solicitar declaratoria de mérito para enjuiciar a la diputada María Aranguren
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El trámite tendría que realizarse ante el TSJ de ser considerado pertinente
El fiscal 53º auxiliar nacional del Ministerio Público con competencia plena, Alexis Cova Escalante, pidió a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, estudiar la pertinencia de solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la declaratoria de haber lugar al enjuiciamiento de la diputada a la Asamblea Nacional, María Mercedes Aranguren Nassif, tras conocer la denuncia formulada contra dicha parlamentaria por presunta corrupción.
La solicitud se fundamenta en el artículo 37 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual contempla que cuando para la persecución penal se requiera la previa declaratoria de haber mérito para el enjuiciamiento, el Fiscal que haya conducido la investigación preliminar se dirigirá a la Fiscal General de la República a los efectos de que ordene solicitar la declaratoria de haber lugar al enjuiciamiento.
Se desprende de la denuncia recibida el 27 de julio del 2009 en el Ministerio Público, que Aranguren Nassif, cuando se desempeñaba como presidenta de la empresa Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín, creada por el entonces gobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, suscribió contratos en dólares con empresas extranjeras para la realización de eventos artísticos y deportivos sin contar con la debida autorización de la Asamblea Nacional, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Adicionalmente, no se evidencia la procedencia de esos recursos presupuestarios utilizados para la adquisición legal de divisas.
En ese sentido, el fiscal Cova Escalante requiere realizar actos de investigación que suponen iniciar la persecución penal contra la mencionada diputada, lo cual precisa de la previa declaratoria de mérito para el enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia.
Cabe recordar que los diputados a la Asamblea Nacional se encuentran amparados por los artículos 266, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 381 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales contemplan el privilegio de Antejuicio de Mérito para los altos funcionarios.